País Vasco desafía a Hacienda y aboga por flexibilizar la tributación de bitcoin en España

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) emitió una sentencia que podría cambiar las reglas del juego para la tributación de monedas digitales como bitcoin (BTC) en España, desafiando directamente el criterio de la Dirección General de Tributos (DGT) de la Hacienda de España y abriendo un nuevo capítulo en la regulación fiscal de los activos digitales.

La decisión, publicada este lunes, aborda la tributación de criptoactivos en el marco del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Según el fallo, el TSJPV contradice la postura de la DGT, que clasifica a las criptomonedas como “valores homogéneos” para limitar la compensación de pérdidas fiscales.

Esta clasificación implica que las pérdidas generadas por la venta de criptomonedas solo pueden compensarse hasta cierto límite con ganancias de otros activos similares, aplicando el método “First In, First Out” (FIFO, o “el primero que entra, el primero que sale”) para calcular las transacciones.

Sin embargo, el tribunal vasco rechaza esta categorización y el uso del método FIFO, proponiendo un enfoque diferente que podría beneficiar a los contribuyentes.

El método FIFO, ampliamente utilizado por la DGT, establece que, al vender criptomonedas, se considera que se venden primero las unidades adquiridas hace más tiempo, lo que afecta directamente el cálculo de las ganancias o pérdidas patrimoniales declaradas en el IRPF.

Al negarlo, la sentencia del TSJPV sugiere que las criptomonedas no deben tratarse como bienes homogéneos, lo que podría permitir una mayor flexibilidad en la compensación de pérdidas y ganancias, reduciendo la carga fiscal para muchos inversionistas. Esta decisión contrasta con la postura rígida de la DGT, que ha sido criticada por su falta de claridad y adaptación a la naturaleza única de los activos digitales.

La relevancia de esta sentencia radica en su potencial para influir en la política fiscal española, especialmente en un momento en que el país busca armonizar sus regulaciones con las tendencias globales, y de que ya está llegando la temporada de impuestos en España, con fechas clave en marzo y junio para la declaración tributaria ligada a las criptomonedas, como lo ha reportado CriptoNoticias.

Desde 2021, España ha implementado medidas más estrictas para regular las criptomonedas, alineándose con la Quinta Directiva Europea contra el Blanqueo de Capitales. Estas normas obligan a los operadores de criptoactivos a reportar transacciones y posesiones detalladamente a la Agencia Tributaria Española (AEAT).

Sin embargo, la ausencia de una guía específica y actualizada sobre la fiscalidad de criptomonedas ha generado confusión, y sentencias como esta podrían servir de precedente para futuras interpretaciones legales.

Un paso adelante

Emilio Pérez Pombo, experto en fiscalidad de criptomonedas y autor del libro Fiscalidad de Bitcoin, monedas virtuales y tokens, celebró la decisión en una publicación de X.

“Esta sentencia contradice a la DGT y niega que las criptomonedas se califiquen como valores homogéneos, así como el criterio FIFO. Es un paso adelante que llevo años defendiendo”, escribió, acompañando su mensaje con imágenes de la sentencia y su libro. Su postura refleja un creciente debate en España sobre cómo equilibrar la innovación tecnológica con las necesidades fiscales del Estado.

El contexto europeo también juega un papel crucial. La Unión Europea ya implementa el reglamento de Mercado de Criptoactivos (MiCA), que busca establecer un marco regulatorio unificado para estos activos digitales en los Estados miembros, promoviendo la transparencia y la seguridad, pero excluyendo paradigmas como las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT).

En este escenario, la sentencia del TSJPV podría anticipar cómo España podría adaptarse a estas normas, especialmente en materia tributaria. Así, esta instancia marca un hito en la fiscalidad de las criptomonedas en España, desafiando las normas actuales y abriendo la puerta a un debate más amplio sobre su tratamiento tributario.